Los Países Bajos están desplegando canales diplomáticos, mecanismos de blindaje legal y medidas de contingencia nacionales para mantener operativa la Corte Penal Internacional (CPI) ante la escalada de sanciones de Estados Unidos.

Como país anfitrión oficial del tribunal, el gobierno neerlandés se enfrenta a un agudo dilema diplomático. Debe cumplir con las obligaciones vinculantes de los tratados internacionales en virtud del Estatuto de Roma mientras gestiona lazos económicos y de seguridad críticos con Washington.

Qué están haciendo los Países Bajos en la práctica

La respuesta neerlandesa opera en tres frentes concretos: protección legal, planes de contingencia operativa y diplomacia europea coordinada.

  • Reafirmación del Acuerdo de Sede: Según el derecho internacional, los Países Bajos están vinculados por el Acuerdo de Sede con la CPI para garantizar la independencia, la seguridad física y el funcionamiento sin trabas del tribunal. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, enfatizó que el país respalda firmemente al tribunal, declarando: "Haremos lo que sea necesario para defender a la CPI."
  • Asegurar las operaciones centrales del tribunal: Las autoridades neerlandesas han intervenido para aislar las operaciones diarias del tribunal frente a la congelación de activos y los bloqueos de pagos. Se han diseñado vías de contingencia para garantizar que los salarios del personal continúen, las instalaciones de detención sigan recibiendo servicios y el programa de protección de testigos permanezca intacto incluso si las rutas bancarias internacionales sufren perturbaciones.
  • Protección a contratistas nacionales: El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, aseguró públicamente a los proveedores locales, empresas de TI y administradores de instalaciones que pueden seguir prestando servicios legalmente al tribunal. El gobierno neerlandés ha ofrecido apoyo administrativo para ayudar a las empresas locales a sortear los riesgos de jurisdicciones extranjeras.
  • Aprovechamiento de un periodo de transición de seis meses: La intensa labor de cabildeo de los diplomáticos neerlandeses ayudó a establecer un periodo de gracia de seis meses antes de que la aplicación entre en vigor. La Haya está utilizando este plazo crucial para mantener conversaciones bilaterales con la Casa Blanca y el Departamento de Estado con el fin de evitar un colapso operativo.
  • Activación del escudo de la Unión Europea: El gabinete neerlandés está trabajando directamente con Bruselas para coordinar el posible uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea. Este reglamento prohíbe legalmente a las empresas europeas acatar las sanciones extraterritoriales impuestas por potencias extranjeras, creando un contrapeso defensivo

Por qué Washington sancionó a la corte

La fricción entre Washington y la CPI se remonta a múltiples administraciones, pero las últimas medidas representan una ampliación sin precedentes.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y ha sostenido durante mucho tiempo que la corte carece de jurisdicción sobre los ciudadanos de países no miembros. Las tensiones estallaron cuando la CPI abrió investigaciones por crímenes de guerra que involucraban a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán, y posteriormente se intensificaron de manera drástica tras las órdenes de detención emitidas contra altos funcionarios israelíes (incluido el primer ministro) en relación con las operaciones en Gaza.

Si bien las medidas anteriores se centraban en la cancelación selectiva de visados o en sanciones contra fiscales individuales, Washington amplió su postura hacia una campaña más vasta para restringir la infraestructura institucional general del tribunal.

La fricción jurídica subyacente: la "Ley de Invasión de La Haya"

La disputa actual revive el legado de la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense (ASPA) ASPA Summary, aprobada por el Congreso de EE. UU. en 2002. Conocida informalmente como la "Ley de Invasión de La Haya", el estatuto autoriza al presidente de EE. UU. a utilizar todos los medios necesarios —incluida la acción militar— para liberar a personal estadounidense o aliado retenido por la corte.

Si bien la intervención militar ha permanecido como algo puramente hipotético, el mecanismo legislativo otorga a Washington un amplio margen de maniobra para imponer medidas económicas punitivas contra cualquier institución que brinde apoyo a la CPI. Para los Países Bajos, defender la corte no es simplemente una obligación técnica de un tratado, sino una piedra angular de su identidad nacional como capital global de la paz y la justicia internacional.

De cara al futuro

En los próximos meses, el equilibrio del gobierno neerlandés dependerá en gran medida de la cohesión europea. Si los funcionarios neerlandeses y de la UE logran establecer circuitos financieros, informáticos y de suministro a prueba de sanciones, el tribunal preservará su capacidad para celebrar procesos judiciales. Sin embargo, si los proveedores corporativos se retiran por temor al cumplimiento normativo, los Países Bajos tendrán que considerar subsidios estatales directos sin precedentes y protecciones administrativas de emergencia para mantener abiertas las puertas de La Haya.